Bogotá, Colombia – “Oren, oren de forma ferviente para que goce el favor de Dios, y que mi caso se convierta en una puerta por la cual también muchos jóvenes puedan pasar”, suplicó el colombiano Reinaldo Aguirre a la iglesia a lo largo de sus tres años de limbo administrativo. Siendo un objetor de conciencia al servicio militar obligatorio de Colombia, el joven de las afueras de Bogotá había decidido que como cristiano no podía matar
Reinaldo se declaró a sí mismo objetor en su base militar local donde se le dijo que la base no estaba equipada para hacer frente a su reclamo. Sin su libreta militar, que sirve como comprobante de su servicio o de exención, era imposible que Reinaldo consiguiera un trabajo o pudiera graduarse de la universidad. Todos los días enfrentó el riesgo de ser detenido de forma arbitraria por el Ejército de Colombia. Después de haber hecho más de siete solicitudes de estatus de OC, sin obtener respuesta alguna por un período de tres años, decidió llevar su caso a la Corte.
El joven de 20 años, que asiste a una iglesia Pentecostal, aprendió sobre la objeción de conciencia a través de una serie de talleres con la Iglesia Menonita. Reinaldo sostiene que “desde la tradición cristiana, nos oponemos al servicio militar o armado porque es incompatible con las enseñanzas y ejemplos de Jesucristo. Los que hemos aceptado el señorío de Jesucristo en nuestras vidas debemos absoluta lealtad, no a una nación, ni a un estado, ni a un gobierno, sino al Hijo de Dios, que nos enseña a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos maltratan, y a orar por aquellos que desean hacernos daño”.
A fines de enero de 2015, la puerta se abrió para Reinaldo. En un fallo histórico, la Corte Constitucional de Colombia, ordenó al ejército que en un período de 48 horas emitiera la libreta militar para Reinaldo, con el argumento de que por falta de respuesta a la solicitud de estatus como OC, se habían violado sus derechos para trabajar, su derecho a la educación y su derecho para adorar.
“Este fallo judicial también contiene elementos nuevos e importantes para los objetores de conciencia,” reflexiona Jenny Neme, directora de Justapaz, sobre la decisión histórica. “La Corte ordena al ejército dirigir a aquellos encargados de la contratación a tramitar las solicitudes de objeción de conciencia y a no negar las solicitudes de exención. Asimismo le establece al ejército un plazo estricto para resolver dichas solicitudes”.
A lo largo de cada paso del camino transitado por Reinaldo, Justapaz estuvo presente, proporcionando asesoramiento jurídico y haciéndole saber al joven que no estaba solo. Este tipo de presencia es natural para esta organización. Según Jack Suderman, secretario de la Comisión de Paz del Congreso Mundial Menonita, “Este (fallo judicial) es el fruto de 26 años de un compromiso institucional tenaz, mantenido, presupuestado, planificado, determinado, en nombre de la Iglesia Menonita de Colombia y a sus instituciones”.
“Sin embargo, es necesario continuar defendiendo estos derechos”. Dice Jenny, expresando el continuo compromiso de Justapaz a la objeción de conciencia, “El hecho de que el ejército es responsable de resolver las solicitudes de objeción de conciencia deber ser revisado. Éticamente, un cuerpo militar no puede aprobar o rechazar la decisión de una persona, que por motivos de conciencia, no se atiene a la lógica militar. Debemos seguir insistiendo que el Congreso de la República legisle estos derechos y elimine todas las barreras para su reconocimiento. Finalmente, el Estado colombiano debe revisar la pertinencia de su estructura militar en un país que se está acercando a una etapa posterior al conflicto”.
En cuanto a Reinaldo, tiene esperanza. “Quiero dar gracias a Dios por este fallo judicial que brinda alegría, no solo a mí, sino a todos los jóvenes en Colombia que creen en la paz y se han comprometido a la objeción de conciencia. Esta es una puerta que se abre para muchos. Vamos a atravesarla. Ya lo estamos haciendo”.
Artículo de Anna Vogt